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Trasposición de normativa europea sobre cualificaciones profesionales

Trasposición de normativa europea sobre cualificaciones profesionales

Trasposición de normativa europea sobre cualificaciones profesionales

 

Por Real Decreto 581/2017 de 9 de junio se procede a la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2013/55/UE  del Parlamento Europeo y del Consejo, así como de la modificación de otras normas europeas, como la Directiva 2005/36/CE,  relativas todas ellas al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Esta última Directiva citada venía a refundir casi toda la legislación comunitaria sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, acabando con la dispersión anterior y agrupándola en un único cuerpo normativo. Ahora se traspone a  nuestro marco legislativo la Directiva 2013/55 cuyo objetivo es seguir progresando en la eliminación de los obstáculos al ejercicio de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea y aligerando la carga administrativa vinculada al reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Al mismo tiempo se busca  apoyar el crecimiento sostenible y reducir el desempleo en el marco de las iniciativas europeas de promoción de la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión Europea.

Resumimos brevemente algunas de las novedades más destacadas.

Entre otras medidas destaca la creación de una “Tarjeta Profesional Europea” destinada a facilitar la movilidad temporal a través de la aplicación, según los casos, del sistema de reconocimiento automático o de un procedimiento simplificado en el marco del sistema general. Dicha tarjeta se expedirá a petición del profesional previa presentación de los documentos acreditativos que sean necesarios. El funcionamiento de la tarjeta profesional europea debe apoyarse en el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) introducido por el Reglamento (UE) 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Se establece también la posibilidad de “Acceso parcial”, de gran relevancia para solucionar aquellos casos en que en el Estado miembro de acogida las actividades cuyo ejercicio se pretende son parte de una profesión cuyo ámbito de actividad es mayor que en el Estado miembro de origen. Si las diferencias entre los ámbitos de actividad son tan importantes que en realidad es necesario exigir al profesional que realice un programa completo de enseñanza y de formación para paliar sus lagunas y si este profesional lo solicita, el Estado miembro de acogida debe, en estas circunstancias particulares, concederle un acceso parcial.

Se recogen también novedades relativas a  las condiciones mínimas de formación establecidas para determinadas profesiones, como médicos, matronas y arquitectos. Se introducen principios comunes de formación y se promueve un carácter más automático del reconocimiento de cualificaciones profesionales en el caso de profesiones que no gozan actualmente de este. Dichos “Marcos Comunes de Formación”  se basan en un conjunto común de pruebas de formación normalizadas sobre conocimientos, aptitudes y competencias.

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