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Nulidad de despido colectivo por omisión de información del grupo de empresas

Nulidad de despido colectivo por omisión de información del grupo de empresas

Nulidad de despido colectivo por omisión de información del grupo de empresas

 

Sentencia del Tribunal Supremo

 

Una empresa de compraventa de coches despidió en 2016 por causas económicas a la totalidad de sus 21 trabajadores tras cerrarse el periodo de consultas sin acuerdo.

Los representantes de los trabajadores presentaron demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura reclamando la nulidad de los despidos. Dicho Tribunal desestimó la demanda y declaró ajustado a derecho el despido colectivo, entre otros motivos al descartar la existencia del grupo mercantil de empresas del que formaría parte la empresa, cuya existencia sostenían los recurrentes.

Los trabajadores presentaron recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La Sala de lo Social, en contra de lo que indicada el TSJ extremeño,  señala que de los documentos obrantes en autos se deducía la existencia del grupo y reconoce la existencia del grupo mercantil de empresas, tal como sostenían los trabajadores.

De esta forma, el Alto Tribunal acepta añadir un nuevo hecho probado: que la empresa demanda formaba parte de un grupo junto con otras cinco sociedades,  todas domiciliadas en España y pertenecientes al mismo sector de actividad, con saldos acreedores o deudores con la empresa demandada, “…sin que se aportasen en el periodo de consultas del despido colectivo ni en ningún otro momento antes del mismo las cuentas de dichas empresas”.

Según el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, la finalidad del periodo de consultas es que los representantes de los trabajadores tengan una información suficientemente expresiva para conocer las causas de los despidos y poder afrontar el periodo de consultas adecuadamente. Y, para el Supremo, “…esa finalidad de proporcionar la información necesaria para abordar con mínimas garantías el periodo de consultas o, de manera aún más elemental, de conocer documentalmente la situación económica real de la empresa sobre la que se justifican los despidos, no se llevó a cabo”, ya que dejó de aportarse por la empresa la documentación que con carácter preceptivo exige el artículo 4.5 del Real Decreto 1483/2012.

En consecuencia, la Sala declara nulos los despidos con todas sus consecuencias legales.