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Riesgos laborales en periodo de lactancia

Riesgos laborales en periodo de lactancia

Riesgos laborales en periodo de lactancia

 

Conclusiones de la Abogada General del TUE Eleanor Shrapston.

 

En fecha 6 de abril de 2017, la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Eleanor Shrapston, ha presentado unas conclusiones sobre posible discriminación a la hora de evaluar los riesgos laborales en mujeres en periodo de lactancia. Dichas conclusiones se derivan de una petición de decisión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El litigio lo inició una trabajadora (enfermera) que argumentaba que sus condiciones laborales podían haber afectado negativamente su salud o la de su hija, dado que estaba en periodo de lactancia.

A dicha trabajadora le fue negada por el INSS una prestación, por no considerar debidamente probadas las posibles influencias negativas para su salud o la de su hija. Fue entonces cuando dicha enfermera presentó demanda contra dicho organismo y contra el Servicio Gallego de Salud. Para apoyarla aportó un informe de su superior, jefe de servicio de la unidad de urgencias, que sí consideraba probados riesgos en el trabajo de la demandante para mantener una lactancia natural.

Destacamos algunas de las conclusiones de la abogada general del TUE, relativas a las cuestiones planteadas por el tribunal español

Señala la letrada que “…cuando se lleva a cabo una evaluación, debe realizarse un examen de la situación concreta de la trabajadora en período de lactancia para que se declare si su seguridad y salud o la seguridad y salud de su hijo están en riesgo…”. Y añade que “La realización incorrecta de esta evaluación constituye un trato menos favorable de la trabajadora afectada y una discriminación a los efectos del artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo”. Dicho artículo se al refiere principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

Indica la abogada que, “Cuando las normas nacionales hacen excesivamente difícil para una persona que se considera perjudicada por una vulneración del principio de igualdad de trato, actuar contra esta situación, son incompatibles con el artículo 19 de la Directiva 2006/54”. Por ello insta al tribunal nacional a decidir si ocurre esa circunstancia en este asunto.

Y concluye afirmando que, “En la medida en que la apreciación de la procedencia de la adopción de medidas adicionales con arreglo al artículo 5 de la Directiva 92/85 forma parte del litigio principal, la carga de la prueba con arreglo al artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54 sigue recayendo en la parte demandada.”

Como ya indicamos en una anterior entrada, estas conclusiones, que proponen soluciones jurídicas, no son vinculantes para el TUE, pero lo cierto es que en una mayoría de casos son aceptadas y aplicadas por el tribunal europeo.

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