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Un Abogado General de la UE se pronuncia sobre Uber

Un Abogado General de la UE se pronuncia sobre Uber

Un Abogado General de la UE se pronuncia sobre Uber

 

En fecha 11 de mayo, el Abogado General de la UE  Maciej Szpunar emitió un informe relativo a la actividad de Uber en España. Su origen está en  una demanda presentada ante un Juzgado de lo Mercantil por una asociación profesional de taxis de Barcelona; en la misma se solicitaba que se sancionara a la empresa española Uber Systems Spain («Uber Spain»), sociedad que forma parte de un grupo que gestiona la mencionada plataforma, por competencia desleal.  El titular del Juzgado nº 3 decidió plantear varias cuestiones prejudiciales ya que la solución del litigio precisaba de la interpretación de diversas disposiciones del Derecho de la Unión.

Como ya se ha indicado en otras entradas estos informes no son vinculantes pero marcan a menudo el camino para el TJUE.

El Abogado General señala que la interpretación debe ceñirse únicamente en  “…situar a Uber en el plano del Derecho de la Unión a fin de poder determinar si su funcionamiento está sometido a dicho Derecho y hasta qué punto”.

La premisa previa, según el Abogado, es determinar si las prestaciones de la plataforma Uber se benefician del principio de libre prestación de servicios en tanto que «servicios de la sociedad de la información»  o si están incluidas en el ámbito del transporte regulado por el Derecho de los Estados Miembros.

Concluye el Abogado que “…la prestación de poner en contacto pasajero y conductor, facilitada por vía electrónica, ni es autónoma ni principal  en relación con la prestación de transporte. Por ello, el servicio ofrecido por Uber no puede calificarse de «servicio de la sociedad de la información»: se trata más bien de la organización y gestión de un sistema completo de transporte urbano bajo petición”.

Señala también que desde una óptica económica, el elemento principal es la prestación de transporte, mientras que “…el servicio de puesta en contacto de pasajeros y conductores mediante la aplicación para teléfonos inteligentes es un elemento secundario”, por lo que propone al tribunal de justicia correspondiente que el servicio de Uber sea considerado «servicio en el ámbito del transporte». Y como tal dicha actividad está sometida a las mismas condiciones que los transportistas: licencias y autorizaciones exigidas por el Reglamento Metropolitano, en este caso de la ciudad de Barcelona.

Sin embargo es resaltable la consideración que hace el Abogado en la introducción de su dictamen, al señalar que “Si bien es cierto que el desarrollo de nuevas tecnologías es en general objeto de controversia, Uber se presenta como un caso aparte. Su modo de funcionamiento suscita críticas e interrogantes, pero también esperanzas y nuevas expectativas. Por citar únicamente los aspectos jurídicos, el modo de funcionamiento de Uber ha generado cuestiones en lo que atañe, en particular, al Derecho de la competencia, a la protección de los consumidores y al Derecho del trabajo. En el plano económico y social, se ha llegado a acuñar el término «uberización». Por lo tanto, mediante la presente petición de decisión prejudicial el Tribunal de Justicia conoce de una problemática altamente politizada y mediatizada”

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